Las y los habitantes de El Salto y Juanacatlán en Jalisco, viven desde hace décadas en una terrible crisis ambiental y sanitaria que ha sido ocasionada por las descargas industriales al río Santiago, que incluyen entre los residuos tóxicos metales pesados que se han detectado en la sangre de niñas, niños y jóvenes (en 2009 se muestrearon 330 niñas y niños para el estudio de la Dra. Gabriela Domínguez, investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí), mismo que el gobierno del Estado, dirigido por Emilio González Márquez, ocultó por diez años; hasta que se cumplió el plazo de confidencialidad por parte del equipo técnico de investigadores fue que el periodista José Toral lo solicitó por transparencia y lo publicó en diciembre de 2019. Toda esta situación ha generando un grave problema de salud; altos índices de enfermedades como insuficiencia renal, cáncer, enfermedades cardio-respiratorias, neumonía, bronquitis, asma, entre otras, ocasionadas todas por la excesiva contaminación industrial.
Plomo, arsénico, cadmio, mercurio, selenio, benceno: un cóctel tóxico de más de 19 metales pesados que los habitantes de estos pueblos respiran a diario más el dióxido y el monóxido de carbono que son gases que potencian el efecto invernadero. Los niveles de ozono y partículas nocivas superan hasta tres veces lo establecido en los protocolos de salubridad. Las víctimas son seres invisibles, que no se recogen en las estadísticas, son miles los afectados y cientos de muertes al año.
¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede frenar esto? ¿Por qué el gobierno de los tres niveles actúan omisos ante este brutal genocidio? ¿Qué se necesita para que las industrias contaminantes traten sus residuos y no los arrojen al río Santiago? ¿Qué más tiene que sufrir las comunidades para que este territorio se declare en Emergencia Sanitaria?
Es cierto que el gobernador Enrique Alfaro lanzó su campaña para el “saneamiento integral del río Santiago”, sin embargo, los habitantes, activistas y expertos en medio ambiente mencionan la importancia de que el enfoque principal, y lo que se debe hacer primero, es regular a las industrias contaminantes, exigir que cada una tenga su planta de tratamiento en función y cesen las descargas tóxicas al río. Sin tener esto como primera acción, ni las P.T.A.R ni los trabajos de saneamiento servirán para limpiar el río Santiago y menos se puede hablar de una verdadera restauración del territorio.
La comunidad organizada de los pueblos de la cuenca son quienes han trabajado para frenar proyectos como el vertedero “Los Laureles” en El Salto y la termoeléctrica que amenazaba parte del territorio más sano en Juanacatlán. Activistas, ejidatarios, colectivos y organizaciones como Un Salto de Vida han sido quienes con la suma de esfuerzos de las y los habitantes que se ocupan del tema y resisten una lucha desgastada, pero tan importante como la salud y la vida. Es el pueblo organizado que ha logrado visibilizar esta tragedia ambiental y lo han hecho ya desde hace años y en todos los niveles. En enero de 2020 gracias a los efectos del “Toxitour” organizado por la Asamblea de Afectados Ambientales se ha formado un grupo para atender la emergencia de los llamados “infiernos ambientales” (de los que forma parte el río Santiago y sus pueblos). Se ha llegado a tener algunos avances en la organización para tratar el tema con SEMARNAT, también se ha llevado el caso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Gobierno del Estado. Desafortunadamente, las soluciones se enfrascan en reuniones y mesas de trabajo que poco ofrecen como acciones concretas, lejos de actuar de manera inmediata para frenar este grave problema, la comunidad de Juanacatlán y El Salto se siente desgastada y defraudada por la forma en la que se sigue administrando el conflicto.
Es indispensable que nos sumemos todas y todos, quienes habitamos el AMG, aprovechando la contingencia debido al COVID-19 y la reciente declaratoria de emergencia sanitaria nacional; es un buen momento para exigir al gobierno federal y estatal la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria en este territorio; que los industriales tomen su responsabilidad ante los años de devastación y se forme un plan estratégico de trabajo que, de inmediato, atienda los problemas de salud de la población, pues se entiende el riesgo que la población enferma de esta región tendrá al enfrentarse al nuevo coronavirus, y al mismo tiempo, se logre la ejecución real de proyectos para la restauración y el rescate del territorio.
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